Los presidentes y el Decreto Legislativo N° 982

El pasado 22 de julio, el ejecutivo puso en vigencia el Decreto Legislativo N° 982 que modifica algunos artículos del Código Penal, impidiendo claramente a los alcaldes y presidentes regionales, además de servidores públicos, participen en las medidas de protestas. En adelante, de comprobarse la participación de funcionarios en el bloqueo de vías, serán sancionados con la inhabilitación y con despido laboral en caso de funcionarios y servidores públicos.

Los maestros, los conocidos como radicales de toda movilización y protestas en el Perú, aún no han salido a hacerle frente al gobierno central por la dación de esta norma, quizá porque terminaron agotados por la reciente huelga indefinida o por las medidas drástica que este gobierno emprende; sin embargo, quienes salieron contra todo fueron los presidentes regionales.
En Puno, el presidente regional, Hernán Fuentes Guzman, alzó su voz al cielo y sin mucho fundamento, propuso la vacancia del mismo presidente Alan García. Mientras que en Lima, 10 presidentes regionales se reunieron de emergencia, y de manera unánime, a través de un comunicado, rechazaron el decreto 982 que inhabilita a funcionarios que participen en huelgas, e incluso solicitarán al Congreso de la República la revisión del decreto.

Mas allá de analizar si la norma necesita una revisión o no, es evidente que algunos presidentes regionales y alcaldes, no se dedicaron a la función ejecutiva. Es inaceptable ver a los elegidos en las filas de los huelguistas, nadie niega a que las autoridades se identifiquen con las luchas de reivindicativas y los sectores postergados, de ahí a participar activamente de las paralizaciones y bloqueos, solo evidencia la escasa imaginación de los elegidos. Si los gobernantes desean protestar, deben escoger otras formas de hacerle frente al gobierno de Alan García, que por cierto tiene la más baja aprobación en el sur del Perú.