Por favor déjenme estudiar…

El segundo gobierno aprista no solamente se dedica a satanizar al magisterio nacional y culpar a los maestros del pésimo sistema educativo peruano, cuando en realidad, el problema es la errada política educativa adoptada y el escaso presupuesto con que cuenta este sector; pero lejos de enmendar los errores históricos, Alan García, prefiere improvisar normas, que en los últimos días ha generado un desconcierto generalizado en el grueso sector de maestros desempleados del Perú; y como para rematar este desconcierto, el gobierno regional de Puno improvisa más normas, crea mayor confusión y un clima hostil nada propició para la evaluación en cuestión.

El último viernes, la Dirección Regional de Educación, amparado en la Ordenanza Regional 002-2008, dictó la directiva 012-2008-DREP, determinando el día 02 de marzo como fecha de la evaluación a postulantes de contratos en la escuela pública; sin embargo la UNA-Puno, entidad mencionada para hacerse cargo de la evaluación, no aceptó tal propuesta, dejando malparados al presidente Regional, consejeros y al mismo director Regional de Educación; evidenciando que la improvisación es la única norma que rige en el Gobierno Regional, tanto en el nivel ejecutivo como en el legislativo.

Y los que se llevan la peor parte, como resultado de esta ineptitud estatal son los maestros; los aspirantes a la carrera magisterial en lugar de concentrarse en asimilar la diversidad de temas previstos para la examen próximo, están obligados a espectar los conflictos mediáticos y legales entre Gobierno Regional y el nacional.

Se conoce que la evaluación se realizará el 9 de marzo, tal como lo había dictado el gobierno central, sin embargo, no todo esta dicho –conforme discurren las cosas- al Gobierno Regional se le puede ocurrir cambiar o dictar otras directivas. Y tal situación solo confirma que nuestro país vive una anarquía legal, aquí no se respeta el Estado de Derecho, en nuestro Perú los gobernantes definen nuestro derechos.

Y hay algo más que anotar, el desacato a las normas no es invención de los gobiernos regionales, es más, está inspirado en el desacato que hiciera el ejecutivo al Tribunal Constitucional, ¿recuerdan el tema de la devolución de los aportes de FONAVI y la consulta que ya debió ejecutar el JNE?. Alguien puede negar que los ciudadanos sólo son tratados como tales en los diversos parágrafos de la Constitución Política del Perú.