En Puno, la historia se escribe con sangre

La mañana del 29 de mayo del año 2003, Puno fue noticia, como es ya costumbre, las informaciones más lamentables nos ponen en la escena nacional. Luego que el gobierno de Alejandro Toledo declarará el país en Estado de Emergencia, un enfrentamiento entre las fuerzas armadas que tenían el control político-militar de la ciudad y un numeroso grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano que pretendían realizar una movilización estudiantil, terminó con la vida de Edy Quilca (22) y dejó 69 heridos (45 civiles y 24 efectivos militares-policiales).

Después de 4 años, es evidente que las argucias sustentadas por los policías y militares para evadir las responsabilidades son más fuertes que las sustentadas por los abogados que defienden gratuitamente a las víctimas del 29 del mayo.

Después de 4 años, las autoridades como el presidente regional, Hernán Fuentes Guzmán, alcalde Luis Butrón Castillo, y la misma rectora Martha Tapia Infantes, solo atinan a salir a las calles a exigir justicia. Justicia que después de 36 meses del hecho es ausente, no es visible y aun, si se ve, se ve muy lejos.

Después de 4 años, no existe sanción alguna contra los responsables, entonces es imprescindible el cuestionamiento a las autoridades judiciales, quienes lejos de sancionar o absolver a los presuntos culpables, sólo dilatan el proceso. Y las instituciones de derechos humanos y las autoridades elegidas, que se mantienen en silencio sólo pueden ser catalogadas como encubridoras indirectas del hecho.

Mientras que las autoridades cada 29 de mayo se pasan en retórica y discursos, los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano hacen de huérfanos en el Segundo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno.

Es evidente, que las defensas gratuitas de las víctimas no son equiparables a los que contrataron los presuntos responsables. Recordemos que desde el inicio, Aurelio Loret de Mola, ministro de defensa de entonces, contrató a dos expertos abogados para que asuman la defensa y patrocinio del personal militar; mientras que los agraviados sólo se contentaron con ser patrocinados por abogados de las Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Juli, quienes en su mayoría asumieron el caso sin mucha experiencia y fueron cambiando en varias oportunidades.

Si recordamos el caso del 27 de junio de 1972, donde también los universitarios Róger Aguilar y Augusto Lipa perdieron la vida junto a la madre comerciante Candelaria Herrera, o si recordamos el asesinato del alcalde de Ilave, Fernando Robles en el 2004; podemos afirmar que los hechos más trascendentales de la historia puneña, siempre se escriben con sangre, pero no siembre alcanzan justicia. La justicia que tarda, no es justa.